En 2015, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desarrolló un Marco de Gobernanza de la Migración (MiGOF) para ayudar a los Estados a definir los elementos esenciales que constituyen la base necesaria para una “política de migración bien gestionada” a nivel nacional. El MiGOF fue bien recibido por los Estados Miembros de la OIM el mismo año. Los Indicadores de Gobernanza de la Migración (IGM) han sido desarrollados para operacionalizar el MiGOF a través de cerca de noventa indicadores agrupados en seis dimensiones claves de políticas públicas.
Haga clic en la rueda para obtener más información sobre las seis dimensiones de la gobernanza de la migración incluidas en el MiGOF y los IGM.
Los IGM son una herramienta basada en el análisis de las estructuras de la gobernanza migratoria que presenta una serie de pautas sobre los instrumentos que el Estado podría usar para desarrollar su gobernanza. Los IGM evalúan únicamente el marco institucional, jurídico y de políticas públicas en materia de migración, sin entrar a evaluar su implementación en la práctica. Los IGM funcionan como un marco de referencia que permite identificar medidas que los países podrían adoptar para fortalecer sus estructuras de gobernanza de la migración. El objetivo de los IGM es contribuir a la conversación sobre la gobernanza migratoria definiendo lo que podría ser una “política migratoria bien gestionada” en el contexto de la meta 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Los indicadores de este dominio analizan los derechos de los migrantes a los servicios sociales básicos, como la salud, la educación y la seguridad social. Estos también presentan los derechos de los migrantes a la reunificación familiar, al trabajo, a la residencia y a la ciudadanía. La ratificación de las principales convenciones internacionales también se incluye dentro de este dominio.
Los indicadores de esta categoría se utilizan para definir la medida en que las personas migrantes tienen acceso a determinados servicios sociales, como la salud, la educación y la seguridad social. También remiten a las medidas adoptadas para garantizar la integración y el acceso al empleo.
Los indicadores en este dominio evalúan los marcos institucionales, legales y regulatorios de los países relacionados con las políticas migratorias. También revisan la existencia de estrategias nacionales de migración que están en línea con el desarrollo, así como la transparencia institucional y la coherencia en relación con la gestión de la migración. Este dominio investiga en qué medida los gobiernos recopilan y usan los datos de migración.
Los indicadores de esta categoría sirven para evaluar los marcos institucionales de autoridades locales o estados en lo referente a la migración. También permiten determinar la existencia de estrategias migratorias que sean acordes a los objetivos de desarrollo, así como la transparencia y coherencia institucional en relación con la gestión de la migración.
Este dominio se enfoca en los esfuerzos de los países para cooperar con otros Estados y con actores no gubernamentales (incluyendo organizaciones de la sociedad civil y el sector privado) en asuntos relacionados con la migración. La cooperación puede conducir a mejoras en la gobernanza al alinear y elevar los estándares, aumentar el diálogo y proporcionar estructuras para superar desafíos.
Los indicadores de esta categoría se centran en las medidas adoptadas por autoridades locales o estados para cooperar con los gobiernos nacionales en torno a cuestiones migratorias, así como con otros agentes no gubernamentales pertinentes, como las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
Este dominio incluye indicadores sobre las políticas de los países para gestionar el bienestar socioeconómico de los migrantes, a través de aspectos como el reconocimiento de las calificaciones educativas y profesionales de los migrantes, las disposiciones que regulan la migración estudiantil y la existencia de acuerdos laborales bilaterales entre países. Los indicadores se centran igualmente en las políticas y estrategias relacionadas con el compromiso de la diáspora y las remesas de los migrantes.
Los indicadores de esta categoría permiten evaluar las iniciativas de autoridades locales o estados en lo relativo a la movilidad de estudiantes internacionales, el acceso al mercado laboral y las condiciones de trabajo decente para los trabajadores migrantes. Los aspectos relativos a la participación de las diásporas y las remesas de las personas migrantes también pertenecen a esta esfera.
Este dominio estudia el tipo y el nivel de preparación de los países cuando se enfrentan a crisis de dimensiones de movilidad, vinculadas a desastres, el medio ambiente y/o conflicto. Las preguntas se utilizan para identificar los procesos vigentes para nacionales y no nacionales durante y después de un desastre, incluso si la asistencia humanitaria está igualmente disponible para los migrantes que para los ciudadanos.
Los indicadores de esta categoría se refieren al tipo y nivel de preparación de autoridades locales o estados a la hora de encarar los aspectos relativos a la movilidad en situaciones de crisis. Permiten indagar acerca de los procesos establecidos para las personas nacionales y no nacionales tanto durante como después de desastres, incluso cuando la asistencia humanitaria está disponible en la misma medida tanto para las personas migrantes como para las nacionales del país concernido.
Este dominio analiza el enfoque de los países respecto a la gestión migratoria en términos de control fronterizo y políticas de aplicación, criterios de admisión para migrantes, preparación y resiliencia en caso de flujos migratorios significativos e inesperados, así como la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. También evalúa los esfuerzos y los incentivos para ayudar a integrar a los ciudadanos que regresan.
Los indicadores de esta categoría sirven para evaluar el enfoque que aplican autoridades locales o estados respecto del acceso de las personas migrantes a políticas de seguridad, retorno y reintegración, así como en lo relativo a la lucha contra la trata de personas.
This country profile describes examples of well-developed areas of the Kingdom of Sweden's (hereafter referred to as Sweden) migration governance structures and areas with potential for further development, as evaluated by the six domains of the Migration Governance Indicators (MGI). These address migrants’ rights, a “whole-of-government” approach, partnerships, socioeconomic well-being of migrants, the mobility dimensions of crises, and safe and orderly migration.
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The Migration Governance Indicators (MGI) initiative is a policy-benchmarking programme led by the International Organization for Migration (IOM) and implemented with the support of the Economist Intelligence Unit. Funding is provided by IOM Member States.
Migration Governance: Examples of well-developed areas:
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All children who live in Sweden have the right to attend school – including children seeking asylum.
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All persons with a legal right to reside in Sweden and who can be expected to stay for one year or longer have the same rights as Swedish citizens.
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Non-EU migrants who have a work permit or who are exempt from the requirement for one have equal access to employment (with some exceptions).
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Social security can be accessed outside of Sweden by migrant workers. Furthermore, pensions are not conditional on Swedish citizenship. Migrants have access to their income pension, supplementary pension and premium pensions irrespective of which country they move to.
Areas with potential for further development:
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Sweden has not ratified the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW), or the ILO Migration for Employment Convention.
Migration Governance: Examples of well-developed areas:
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The Ministry of Justice houses three dedicated migration divisions responsible for the formulation and tracking of migration policy: the division for Migration Law, the division for Management of Migration Affairs, and the division for Migration and Asylum Policy. The division for Management of Migration Affairs oversees the Swedish Migration Agency, which is primarily tasked with implementing immigration and asylum/refugee policy.
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National migration legislation in Sweden is outlined by the Swedish Aliens Act (2005:716) and the Aliens Ordinance (2006:97).
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The Swedish Migration Agency provides information on its website regarding rules and regulations related to migration.
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The official government statistics agency, Statistics Sweden, provides annual updates on inward and outward migration.
Areas with potential for further development:
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Currently, beyond general consular services, the Government has no targeted institutions that focus on the emigration of Swedish national or diaspora affairs.
Migration Governance: Examples of well-developed areas:
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Sweden engages with the private sector in agenda-setting and the implementation of migration-related issues.
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Sweden is involved with several organizations that aim to promote international cooperation on the subject of migration. These include the Global Forum on Migration and Development, the International Organization for Migration (IOM), the Organization for Economic Co-operation and Development, the Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees, and the United Nations High Commissioner for Refugees, to name a few.
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Through the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), the Government supports various civil society organizations in the implementation of migration-related measures.
Migration Governance: Examples of well-developed areas:
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In 2008, Sweden’s labour immigration rules shifted from being government-led to employer-led. This has facilitated the hiring of foreign workers and allows a much more flexible system that can adapt to meet the labour demands of the Swedish economy.
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In order to participate in a Swedish educational programme, international students must successfully apply for a residence permit.
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Ethical recruitment measures are in place for foreign workers in Sweden.
Areas with potential for further development:
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Although Sweden regularly monitors the labour market to identify needs, this is not directly linked to its migration policy.
Migration Governance: Examples of well-developed areas:
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The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) coordinates the national and local response to crises. It also operates the dinsäkerhet.se (“your security”) website, which includes checklists of what should be kept in the home in preparation for various crisis scenarios.
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In the event of emergency there are communication systems available to the population to receive information on the evolving nature of a crisis, allowing them to communicate their needs and providing details on ways to access assistance.
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The communication systems in Sweden take into consideration the specific needs of migrants, and services such as the MSB website, the Swedish Migration Agency website and Swedish Public Radio deliver information in multiple languages.
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Sweden has measures in place to make exceptions to the immigration procedures for migrants whose country of origin is experiencing crisis.
Migration Governance: Examples of well-developed areas:
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The European Schengen Agreement allows for free movement within many European countries; however, the system controls length of stay within European borders for non-Schengen residents. Specifically, Sweden – as a member of Schengen – uses the Schengen Information System (SIS) which supports external border control and law-enforcement cooperation among the Schengen States.
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The Swedish Migration Agency oversees the length of stay for certain types of visa, such as tourist visas, as people seek to change their status, for instance.
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The Swedish Migration Agency clearly outlines all visa options available, with its website categorizing visas by the type of migrant, such as student, job-seeker or asylum-seeker.
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Sweden has a formal, fully online visa application system that enables migrants to be granted a visa before arrival.
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The Swedish Police Authority is responsible for assigning a National Rapporteur on trafficking in human beings at the national and EU levels.
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In December 2017 eight authorities were given a government mandate for the period 2018–20 to develop their methods for joint control to counteract violations and crime within the area of work and employment, including human trafficking for labour exploitation.
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A National Action Plan to prevent prostitution and human trafficking for sexual and other purposes was developed in February 2018.
Areas with potential for further development:
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Sweden does not currently have any formal government programme or dedicated policy focusing on attracting nationals who have migrated abroad.
